Colonialismo y justicia educacional

MARÍA, NOS encontramos en la Conferencia Trinacional en Defensa de la Educación Pública, ¿por qué es importante, para la Federación de Maestros de Puerto Rico, mandar a su presidenta a este encuentro continental de maestros sindicalistas?

ES IMPORTANTE para nosotros porque queremos compartir experiencias y aprender que está pasado en otros países. Ha sido muy enriquecedor para nosotros, porque nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo con las escuelas públicas en Canadá, Estados Unidos, México y en otros países es muy similar a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Por supuesto ya teníamos una idea de lo que pasaba, pero aprenderlos de los propios compañeros que lo viven, lo hace mucho más real.

La similitud con la lucha de los maestros mexicanos es aterrorizante. Ellos están peleando, por ejemplo, contra la carrera magisterial, algo que estamos viviendo en Puerto Rico también. En vez de aceptar que los maestros y maestras merecemos un salario digno, y de aceptar que nuestro salario debe aumentar con el tiempo y acorde con el aumento del costo de la vida, las autoridades están sometiendo al maestro a un programa, que le llaman "carrera magisterial", que el maestro mismo debe costear, para sacar sus maestría y doctorado, a cambio de un pequeño aumento salarial. Esto es una cuña hacia el pago por mérito.

En la conferencia hemos reafirmado que las políticas neoliberales que están tratando de imponernos son, en realidad, un fenómeno global, y por lo tanto los trabajadores, en este caso maestros, debemos estrechar lazos para combatir estas políticas internacionalmente. Por eso tratamos de buscar relaciones con sindicatos de lucha, no con los sindicatos chupa cuotas, como le llamamos en Puerto Rico, que se manejan más como un negocio.

El caucus con el cual yo me organicé dentro del sindicato tomó como tarea hacerlo más democrático y más un organismo de lucha. Tan pronto llegamos a la dirección, iniciamos un fuerte proceso para desafiliarnos de la Federación Americana de Maestros (FAM) porque, entre otras cosas, la cantidad de dinero que debíamos aportar cada mes ya era la mitad de lo que recibíamos en cuotas de nuestros miembros. Más de $8 de los $16 que recibíamos por cada maestro, se lo llevaba la FAM.

Ese colonialismo sindical no lo quisimos, pero estamos aquí para estrechar lazos de solidaridad y de apoyo con organizaciones sindicales que luchen; con el Sindicato de Maestros de Chicago y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en México, por ejemplo. Sabemos que muchos sindicatos aquí en Estados Unidos están afiliados a esas grandes federaciones, pero ahí donde hay locales que demuestran espíritu de lucha, que tienen una visión clasista, como nosotros, tratamos de acercarnos.

DURANTE ESTE encuentro, hemos recibido con entusiasmo las lecciones que los maestros luchadores nos han traído, incluyendo los maestros de la FMPR, pero en el transcurso del fin de semana también recibimos una muy mala noticia. El Departamento de Educación (D. de E.) de Puerto Rico anunció el cierre de 100 escuelas. ¿Le gustaría comentar al respecto?

LO QUE está pasando en Puerto Rico es que la crisis fiscal es tan grande y el Estado está casi en banca rota, que el gobierno necesita garantizar el dinero de los bonistas acreedores. Por ejemplo, en la nueva partida presupuestaria el dinero destinado a pagar la deuda fue aumentado. Para lograr este objetivo, el gobierno dio la orden a sus diferentes agencias, incluyendo el D. de E., de recortar sus gastos. Los recortes en la educación amontan a muchos millones de dólares, y el departamento optó por cerrar escuelas. El anuncio de ayer viene a asegurar a los bonistas que las autoridades son serias en cumplir con esa orden presupuestaria. Además hay otras cien escuelas en Puerto rico que fueron puestas en un proceso de transformación, es decir, en la antesala a la privatización.

Hay algunas justificaciones esgrimidas por el D. de E. que es necesario discutir. Ellos dicen que la población estudiantil puertorriqueña ha ido disminuyendo con el tiempo. Esto es en parte cierto. En nuestra isla nacen cada vez menos niños, pero eso no es todo. Dada la actual situación económica en la isla, grandes oleadas de personas, especialmente, matrimonios jóvenes, se están mudando a Estados Unidos en busca de empleo, porque en Puerto Rico no hay muchos empleos, y los que hay son de tiempo parcial con salarios muy bajo. Así que nuevamente estamos observando un fenómeno migratorio.

Este flujo migratorio ha ocurrido con la misma fuerza en diferentes períodos, y tiene mucho que ver con el hecho de que Puerto Rico es una colonia controlada por el capital norteamericano. Desde que Estados Unidos invadió Puerto Rico a finales del siglo 19, las oleadas migratorias se han recrudecido paralelamente con los ciclos económicos provocados en la isla por los intereses del capitalismo gringo. Cuando esto en el pasado afectó la agricultura, la gente se mudó del campo a la ciudad, y de la ciudad a EE.UU. Hoy la crisis económica provocada por la deuda, y la necesidad cumplir con los bonistas, en su gran mayoría ligados a intereses norteamericanos, es el motor del flujo migratorio hoy.

Pero si es cierto que la población escolar ha disminuido, también es cierto que las necesidades educativas de los estudiantes hoy en día son distintas que en el pasado. En Puerto Rico, la crisis económica y la dominación colonial también han producido una fuerte crisis social, con muchos problemas de narcotráfico, violencia criminal, drogadicción, enfermedades mentales, etc., todas afectando en su mayoría al pueblo pobre. Los estudiantes que se gradúan de nuestras escuelas tienen muchas necesidades de aprendizaje, tienen mucha necesidad de atención en sus problemas emocionales.

Nosotros decimos, antes de cerrar una escuela hay que eliminar ese montón de contratos privados a los que el D. de E. se somete con intereses ajenos, compañías que nada aportan al sistema educativo y que usan los fondos federales y nacionales para lucrar. Todo lo que hacen es robarse el dinero. Por ejemplo, como somos colonia de EE. UU., el gobierno debe someterse a las leyes federales, por lo tanto en Puerto Rico aplica la ley Ningún Niño Dejado Atrás, la que otorga fondos ligados a las pruebas estandarizadas.

Los maestros saben que esto es una trampa. Las pruebas no están destinadas a mejorar la educación pública, sino a demostrar su fracaso, para luego entregar la educación a las empresas privadas. Las compañías que reciben hasta 2 millones de dólares por escuela, supuestamente para mejorarlas, no hacen más que dar instrucciones de preparar a los estudiantes para las pruebas estandarizadas diseñadas por Pearson.

Están convirtiendo la educación en un adiestramiento para responder pruebas estandarizadas. Y con eso los mercaderes de la educación lucran millones, pero los estudiantes no aprenden, porque eso no es educación. Es una educación memorista, bancaria. Estamos retrocediendo en lo pedagógico.

CUÉNTENOS UN poco acerca de su sindicato, la Federación de Maestros de Puerto Rico, su historia y sus luchas.

LA FMPR representa a unos 34 ó 35 mil maestros de planta, además de unos 4 mil maestros transitorios, y surgió como una organización de maestros militantes, porque había otra organización de maestros, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), que estaba muy vinculada a unos de los partidos que se alterna en el poder en Puerto Rico, el Partido Popular Democrático--una organización patronal en el sentido de que acata las políticas del gobierno.

Así pues, la AMPR cobija en su seno una contradicción: agrupa lo mismo maestros y administradores del sistema educativo, y este es un conflicto de intereses muy grande. En respuesta a esta realidad, se organizó en 1966 la Federación de Maestros de Puerto Rico, bajo la ley N°134, que le da derecho a una organización o agrupación a obtener una certificación que le permite descontar automáticamente de la nómina la cuota de sus miembros, en este caso maestros, que voluntariamente se afilien.

Por muchos años, funcionamos de esa manera, pero en 1999 se aprobó la ley N°45, por la demanda que por muchos años tuvimos los maestros y otros trabajadores fiscales de Puerto Rico para que se nos permitiera la negociación colectiva. Un gobierno del Partido Nuevo Progresista finalmente aprobó la ley 45, pero con muchas restricciones. Prohíbe la huelga, criminaliza a las organizaciones que luchan e impone multas muy represivas. Pero la ley por lo menos permite que las organizaciones puedan negociar un convenio colectivo con el patrono.

Pues la Federación decidió entrar a ese proceso para ver si el magisterio la seleccionaba como representante exclusivo, bajo la condición de que si fuera necesario retar esa ley--por lo represiva que es--la lucha sería nuestra principal herramienta para pasar por encima de esa amenaza. Nos sometimos al proceso y competimos con la AMPR. Nosotros ganamos la elección, y en ese momento llegamos a representar a todo el magisterio puertorriqueño. Negociamos un convenio que estuvo vigente por cuatro años, en dos etapas, una en que primero se hicieron vigentes las demandas no económicas, y luego las económicas, aumento de salario, etc.

Yo era la Secretaria de Organización de la FMPR cuando se acercaba el fin de ese convenio y comenzábamos a negociar otro. Fue una lucha bien difícil e intensa, porque estuvimos más de dos años tratando de negociar un nuevo convenio, pero el gobierno no quería tener un representante único en el magisterio y puso todo su esfuerzo en impedir un convenio colectivo.

Como la negociación no avanzaba, la FMPR empezó a organizarse para presionar al gobierno a negociar un convenio. Esa lucha desembocó en una huelga magisterial en el 2008. Unos dos meses antes a la huelga, el gobierno decidió quitarnos la representación exclusiva, cuando el D. de E. fue al tribunal a poner una querella diciendo que nosotros estábamos anunciado una huelga. La ley no castiga el anuncio de una huelga, sino por hacerla, pero el tribunal le dio la razón al gobierno y nos quitó la certificación como representantes exclusivos, sin que la huelga hubiese ocurrido aún.

Pudimos seguir operando porque teníamos la otra certificación, la otorgada bajo la ley N°134, como organización bona fide. Esto fue importante en el proceso de lucha, porque logramos detener la implantación de las escuelas chárter. También logramos un aumento en el salario básico de $1.500 a $1.750 por mes, aunque aun es muy bajo. En Puerto Rico, el salario de los maestros es muy bajo, está por debajo del salario de un policía, por ejemplo, que gana $2.400 y no se le exige bachillerato universitario.

El tiempo pasó, y en el 2010, otra vez, por todos los problemas que hay en las escuelas, y en el contexto de la lucha que estamos dando para mejorar las condiciones de trabajo de los maestros y de aprendizaje de los estudiantes, nos fuimos a un paro por un día, donde obtuvimos la adhesión de todo el magisterio, y de otras organizaciones magisteriales más pequeñas que han surgido.

Pero el gobierno decide castigarnos sólo a nosotros. El año próximo, en el 2011, durante el gobierno del Partido Nuevo Progresista --porque en Puerto Rico es como en Estados Unidos, con dos partidos alternándose en el poder, uno rojo, el Partido Popular Democrático, y otro azul, el Partido Nuevo Progresista, pero que representan la misma alternativa política, la de los patronos--como un acto represivo contra la organización, nos dieron un golpe muy fuerte, despojándonos de la única certificación que nos quedaba, deteniendo así el descuento automático de cuotas sindicales.

Según la constitución, eso está protegido como un derecho a la libre asociación. La decisión del Departamento del Trabajo, junto al de Educación, de quitarnos la certificación es una afrenta a este derecho constitucional. Esto significó que la organización se quedó sin ingresos, porque nuestro único dinero viene de nuestros miembros. Además, a once de nuestros dirigentes los despojaron de sus licencias educativas de por vida, y no podrán trabajar ni siquiera en una escuela privada.

La organización entró en una etapa muy difícil después de este aniquilamiento de nuestro sindicato por parte del gobierno. Tuvimos que irnos a la quiebra para poder reorganizarnos. Ha sido un proceso costoso y difícil, porque estábamos tratando de que los maestros nos paguen su cuota directamente, para lidiar con la situación, mientras presionábamos al gobierno para que nos retornara la certificación bona fide. Una vez que logramos esto, hemos estado recuperando nuestra membrecía, porque al maestro se le hace más fácil que le descuenten de su nómina su cuota.

A pesar de estos intentos, ellos no han podido con nosotros. La FMPR sigue dando la pelea.

ACERCA DE la lucha que la FMPR está lidiando, recientemente hemos escuchado en las noticias cómo su organización se ha enfrentado a la legislatura y gobierno puertorriqueños en relación al fondo de pensiones del magisterio, ¿Cuál es la situación actual de esa lucha, y en qué contexto se desarrolla?

EL ATAQUE a nuestras pensiones es otro ejemplo de las políticas globales del neoliberalismo. La burguesía, que lo quiere todo para ella, se beneficiaría aún más--especialmente la burguesía financiera--con un sistema de pensiones privatizado, basado en lo que el trabajador pueda ahorrar. Pero en Puerto Rico, esto tiene la particularidad de que, al ser colonia de Estados Unidos, el país no tiene una economía propia, y las empresas norteamericanas con operaciones aquí se llevan toda la riqueza, y apenas pagan contribuciones. Ellas tienen escandalosas excepciones contributivas y subsidios en el uso de agua, energía, carreteras, y de todo tipo.

Esto ha llevado nuestro país a una situación de crisis que cada vez se agudiza más. Los sucesivos gobiernos que hemos tenido, rojos y azules, han basado el desarrollo del país en coger prestado. Los bonistas, acreedores del estado, son los más beneficiados de este esquema, porque todos los años el gobierno necesita estar endeudándose a unos intereses altísimos, y ahora la deuda pública ya sobrepasa el producto nacional bruto de Puerto Rico.

Bajo la perspectiva del gobierno, con una deuda es tan grande que ya está cogiendo préstamos para pagar préstamos, sin desarrollo económico, y sin fuentes alternativas de ingreso más de lo que el gobierno federal le otorga--lo que de todas maneras ha estado siendo reducido cada año--será necesario tomar medidas para garantizar el pago de la deuda. Así, los bonistas y los gobiernos títeres que responden a sus intereses están haciendo pagar a los trabajadores por esta crisis.

Parte de las medidas que se han tomado es la rebaja de las pensiones. A los empleados públicos del sistema central, a través de la ley N°3, les quitaron su sistema de pensiones y ahora tienen cuentas de ahorro individuales, junto con lo que cotizan en el Seguro Social de Estados Unidos. En el caso de los maestros, nosotros sólo tenemos nuestro sistema de pensiones, porque no tenemos derecho al Seguro Social.

Nuestro sistema de pensiones surgió en 1917, y comenzó a ser organizado por los maestros mismos. Bajo presión de las luchas de entonces, eventualmente, el gobierno lo tomó, lo hizo suyo y lo administró. Este sistema está basado en beneficios definidos, es decir, que cuando el maestro se jubila después de 30 años de servicio y de 50 a 55 años de edad, tiene derecho a una pensión vitalicia del 75 por ciento del promedio de los 36 meses de salarios más altos, usualmente el último salario del maestro. Bajo este sistema, las pensiones están en el rango de 2.000 a 2.100 dólares al mes.

Ahora con la ley N°160, que el gobierno aprobó a toda prisa la noche de vísperas de la Navidad--fue una Navidad muy triste y con mucho coraje para nosotros--el sistema cambió a un sistema híbrido, una mezcla entre lo que el maestro haya acumulado hasta ese momento con el sistema antiguo, y lo que desde el maestro habrá ahorrado en su cuenta personal de retiro.

Bajo el sistema antiguo, ambos el empleado y el gobierno aportaban, pero como el propósito del gobierno es desentenderse de estas obligaciones--porque necesita el dinero para pagar la deuda a los bonistas--el nuevo sistema se basa únicamente en las aportaciones individuales del empleado. Esto hará que las jubilaciones de los maestros sean bajas, miserables, entre $500 a $1000 menos de lo que hubiera recibido el maestro bajo el sistema anterior.

Nosotros y otras organizaciones dimos la lucha para detener esto. La AMPR también se involucró en el proceso. Obviamente ellos quieren proyectarse como luchadores para contender por la representación exclusiva del magisterio. Pero en esta lucha nos unimos, y en enero, cuando se reiniciaron las clases, paramos el sistema educativo por dos días. Fue una enorme demonstración de poder por parte del magisterio, y el gobierno recibió el mensaje de que los maestros no están conformes.

Otras dos organizaciones magisteriales introdujeron un recurso legal para los tribunales detuvieran la implantación de la ley. Después de dos meses de deliberaciones, y bajo la presión continúa de los maestros movilizados, el tribunal declaró inconstitucionales 11 de los artículos de la ley, precisamente los artículos que establecían este sistema híbrido. Sin embargo, la ley aplica en su totalidad para los maestros nuevos. Salvamos las pensiones con beneficios definidos para los maestros en ejercicio, pero los maestros nuevos tendrán cuentas de ahorro personales que no aseguran una pensión vitalicia, sino sólo hasta que el dinero de la cuenta se agote.

Nosotros seguimos luchando por la derogación de la ley. Y el gobierno también se está preparando para contraatacar argumentando ante el Tribunal Supremo la constitucionalidad del gobierno.

Durante todo este proceso, el gobierno estableció mesas de diálogos, en las que nosotros participamos con el completo entendimiento de que éstas eran sólo una forma de apaciguamiento y de relaciones públicas, tratando de mostrar al gobierno como abierto al diálogo. Pero en estas mesas nosotros hemos aprendido mucho acerca del manejo, del mal manejo, que se ha hecho de nuestro fondo de pensiones, de cómo quienes los administran, funcionarios de gobierno, hicieron terribles decisiones de inversión de nuestro dinero en las bolsas de valores, y de cómo los capitalistas se han hecho de buitres con nuestras pensiones.

Hubo un año cuando, inexplicablemente, esta cartera de inversiones dejó de recibir $444 millones en un solo año. Nosotros hemos pedido al gobierno que nos explique cómo esto es posible, pero ellos nos han ignorado. Todo esto ha puesto a nuestro sistema de pensiones en una situación de mayor precariedad.

Nosotros hemos identificado algunas maneras alternativas de traer al dinero a las arcas del gobierno, y las hemos propuesto -algunas de ellas requieren acción legislativa, pero de nuevo el gobierno ha hecho vista gorda. Por ejemplo, en Puerto Rico hay muchísimas máquinas traga monedas de juegos de azar, y no pagan impuesto. Pero la demanda principal que tenemos es que a las compañías foráneas, multinacionales que se benefician de la explotación de los trabajadores puertorriqueños, paguen 4 centavos más por cada dólar que pagan en impuesto para ser usado en los fondos de pensiones. Pero el gobierno rehúsa hacer esto porque quiere ese dinero para cumplir con los bonistas, y así seguir beneficiado a los ricos que representa.

EN EL desarrollo de esta conversación, usted ha mencionado un par de veces el estatus colonial de Puerto Rico, y ha hecho conexiones entre éste y los problemas sociales, económicos y políticos de la isla, ¿es usted independentista, y cómo la lucha independentista se entreteje con la lucha por la justicia social en Puerto Rico?

SÍ, SOY independentista, pero más que eso, pienso que en Puerto Rico hace falta una sociedad más justa, y creo que el socialismo, democrático, es la alternativa para sustituir esta sociedad tan injusta en que vivimos. Por eso soy también milito en el Movimiento Socialista de Trabajadores.

En Puerto Rico, la lucha independentista ha tenido sus alzas y sus bajas. Obviamente, esto tiene que ver con los mecanismos de control de crisis que el gobierno de Puerto Rico, junto al gobierno de Estados Unidos, logra establecer la conformidad del pueblo con distintos programas ayuda a la población que usan fondos federales, como una manera de controlar su conciencia. O sea, si la gente tiene una tarjeta de crédito, aunque se endeude, es un mecanismo inmediato de paliar sus problemas, o si puede utilizar el sistema de asistencia nutricional, que en Puerto Rico le llamamos "cupones de alimento".

Estas son formas de controlar y amortiguar la crisis. Y la gente dice, bueno, el gobierno de Puerto Rico no me da trabajo, pero los americanos, así llamamos a los norteamericanos en Puerto Rico, se encargan de mí, y me ayudan, y fíjate, son los que hacen algo por mí. Entonces se ha creado una ideología en torno a que los americanos son los que dan la mano a esta pobre isla sin recursos. Esto se ha anidado en la psiquis de la gente, y hasta que esto no haga crisis en la conciencia de la gente, y que la gente lo comprenda en sus vivencias, la situación colonial no va a cambiar.

Las organizaciones independentistas tratamos de concientizar a la gente, hablamos de la gran disparidad entre el dinero que las corporaciones se llevan de Puerto Rico y el magro dinero federal que llega, pero juega más la experiencia percibida de la gente. Además, hay organizaciones independentistas que han sido coaptadas por el gobierno del Partido Popular, que tiene un mensaje populista, y que da trabajo y posiciones a pseudo-independentistas para comprar su voluntad. Esto confunde al pueblo.

Nosotros sabemos que la crisis empujará cada vez más gente a sacar las conclusiones necesarias para avanzar la lucha independentista. Pero además, no perdemos la esperanza de que el pueblo se dé cuenta que debemos luchar no sólo por la independencia del país--porque una independencia burguesa tampoco resolvería la situación del pueblo trabajador--sino por una independencia socialista. Ambas cosas deben ir unidas.